Una digna conversación

Por: David “Chato”Romero

El tamaño de la democracia en un país se mide por la libertad que tenga la población de expresarse, bien sea por organizaciones como sindicatos, movimientos, asociaciones o individualmente a través de los mecanismos que considere sin que se reciba algún tipo de castigo por hacerlo. En Colombia, dicha garantía quedó establecida en la Constitución Política de 1991, específicamente en el artículo 37. La protesta social, entendida, como el “medio legítimo para la reivindicación de derechos de cualquier índole, que se encuentra constitucional y legalmente protegido”[i].

La protesta recoge, a su vez, otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la huelga y la asociación o reunión pacífica. En ese sentido, vale la pena señalar el debate que realiza la Fundación Ideas para la Paz cuando se habla de protesta social al indicar que “se presenta siempre una dicotomía entre la protección de este derecho y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden constitucional, que eventualmente podrían verse afectados en su ejercicio”.

Para Henry Murraín, director ejecutivo de CorpoVisionarios, “es importante en una democracia el derecho a la protesta porque ninguna sociedad del mundo tiene totalmente claro que lo que está haciendo como sociedad, o lo que hace el Gobierno, es totalmente perfecto e inmodificable. La voz de la ciudadanía es fundamental en mandar esas señales de inconformidad, de necesidad de cambio y de nuevas perspectivas que se abren desde la conversación misma de los ciudadanos”.

La consciencia del derecho a la protesta permite que los sectores de la sociedad acuerden que, si bien existen las diferencias en el modelo o visión de país, se puede buscar una incidencia sin que ello implique poner en riesgo la democracia. Bien lo decía el Consejo Gremial Nacional horas previas a la movilización del 21 de noviembre de 2019 que, para muchos, será recordada como de las más numerosas en la historia reciente de Colombia. El pronunciamiento de los empresarios se resumía en: “la importancia de respetar la protesta social como un derecho constitucional (…) siempre y cuando ese ejercicio se realice con absoluto respeto por los derechos de todos los ciudadanos”.

En tanto, las redes sociales, el nuevo aliado de difusión de la ciudadanía, fueron el vehículo de las invitaciones a protestar en contra de las medidas, especialmente económicas, del Gobierno Nacional. Sin embargo, nadie previó el alcance de ese jueves lluvioso en Bogotá y en el que, según las centrales obreras y movimientos sociales, 525 municipios del país, es decir, 47% de los cascos urbanos, lograron reunir más de 10 millones de colombianos, aunque los reportes oficiales estimaron una concentración en todo el país de 207.000 manifestantes.  

Algo de destacar también en las nuevas formas de protesta, según Henry Murraín de CorpoVisionarios, es que “la gente está convencida que el camino no es la violencia, ni la violación de derechos de los otros ciudadanos. Los mismos ciudadanos que protagonizan las marchas han cuestionado, rechazado y señalado a los que vandalizan y dañan el mobiliario público, como personas que no representan el espíritu pacífico y civilista de la movilización social. Esto hay que resaltarlo y ponerlo sobre la mesa porque no es justo que por unos pocos se termine estigmatizando a la mayoría”.

La visión de los ciudadanos sobre la consciencia del derecho a la protesta permite entender las movilizaciones que se han presentado. María Carolina León Torres, una psicóloga bogotana que participó en las concentraciones que se hicieron en la Plaza de Bolívar considera que “por fin Colombia está saliendo de la hipnosis donde la ausencia de guerra nos ha permitido ver otros problemas muy serios que necesitaban ser atendidos por el Estado. Y a eso se suma que muchas de las peticiones van más allá de una posición política de derecha o de izquierda, sino que se explica más por el inconformismo ciudadano y la disminución del miedo a alzar su voz”, agrega.

Otro manifestante fue Alberto González, un abogado y politólogo que explica el momento desde la comparación histórica: “una sociedad como la colombiana se ha movilizado especialmente por la paz y por el fin de la guerra. Era la única agenda. Ahora, tenga en cuenta que en el marco de la guerra salir a protestar costaba la vida, costaba el exilio – en el mejor de los casos – y eso contribuyó a una sociedad que estigmatizó la marcha y la protesta debilitando el control ciudadano”.

Hasta ahora, la emoción es la línea que ha conducido el relato de la protesta social con las nuevas agendas ciudadanas que se vienen vislumbrando o, dicho de otro modo, siendo más evidente para los que toman las decisiones. La representante a la Cámara por Bogotá, María José Pizarro, sostiene que “las movilizaciones ciudadanas han insistido en un diálogo con el Gobierno Nacional incluyente, eficaz y democrático en el que se debe abrir una agenda que habla de los derechos ambientales, sociales, étnicos y en el que se deja sobre la mesa la necesidad de garantizar el derecho a la protesta”.

Las visiones “centrales”

Los líderes de las centrales obreras también han analizado la importancia del derecho a la protesta y los cambios que se han logrado a partir de las manifestaciones de la sociedad civil. El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), Nelson Alarcón, dijo que con la protesta salió “el cumulo de toda la indignación e inconformismo que el pueblo colombiano ha sumado en los últimos años. Desde 1975 hasta el 2015, un período de 40 años, se han realizado más de 22.988 movilizaciones, paros y protestas”.

Por su parte, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) indica que “se debe tener claro que nadie hace un paro para dejar una constancia histórica sino para negociar. Pero también es cierto que el propósito jamás será tumbar la institucionalidad. Aquí lo que se debe reconocer es la deuda social histórica que tiene el Estado con los ciudadanos”.

A su turno, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), considera que la ciudadanía se dio cuenta del alcance e impacto que podría tener en el país una movilización efectiva. “Las organizaciones de estudiantes Acrees y Unees lograron en 2018 una inversión de $5,8 billones adicionales en el presupuesto de educación luego de las movilizaciones. En 1977 los docentes lograron después de una serie de protestas que se creara el estatuto del profesor en el país. Solo por citar estos dos ejemplos, podemos ver que las transformaciones sociales pueden ser concebidas por la unión de los ciudadanos en conquistar los avances que trae la justicia social”.  

Una digna conversación se nutre cuando escuchamos al otro, desde su diversidad y diferencia, desde la celebración de sus opiniones y pensamientos.

Conversar es confiar ideas, argumentos y creencias con el adjetivo de la esperanza, sembrando en otros pero floreciendo desde la propia alma.

Conversación es sinónimo de transformación y de creación, y encontrarnos en ese territorio nos permitirá edificar una sociedad desde la dignidad que implica reconocernos y reconocer al otro en la libre expresión de la autonomía y la manifestación de la existencia más allá de cualquier edad, estado, genero, religión, condición social, color de piel u orientación sexual e ideológica.

El filósofo y escritor Chileno Humberto Maturana nos recuerda que la democracia no es una teoría, sino un modo de escuchar “la democracia sólo ocurre en un convivir en la honestidad, en la ética social, la colaboración, la equidad… la conversación que lleva a la reflexión en el deseo de vivir y coexistir juntos que permite corregir los errores. Pero esto puede ocurrir sólo si se desea. ¿Lo deseamos de verdad?”.


[i] Fundación Ideas para la Paz. ¿Cómo se rige la protesta pacífica en Colombia? Página 5. Tomado de: http://ideaspaz.org/media/website/FIP_potesta_social_mj.pdf