Por: Juliana Flórez, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar. Pontificia Universidad Javeriana
Entre los muchos desafíos que le traen a Colombia las elecciones generales del 2022, uno es relativo al lugar de la gente joven en la vida política del país. Los análisis estadísticos calculan que estamos frente al 20% de la población electoral nacional. Una cifra robustecida si además consideramos que la Tercera medición de la Gran Encuesta Nacional de Juventud realizada en mayo de este año, indica que la intención de voto de este sector poblacional es del 89% y que el 87% considera seriamente el papel transformador del voto electoral.
Estas cifras despiertan cierto nerviosismo. Y no es para menos. Entre los muchos procesos que confluyeron en la antesala a estas elecciones debemos considerar los dos Paros Nacionales: el de noviembre de 2019 y el de abril del 2021. En ambos la gente joven se hizo sentir. Sus demandas expresaron las aspiraciones de gran parte de la población del país frente a temas básicos: trabajo, educación, salud, alimentación, techo… Sus denuncias recogieron la indignación de la gente de a pie frente a temas álgidos para la democracia nacional: la militarización de la vida cotidiana, la criminalización del derecho a la protesta, el silenciamiento del sistemático asesinato de líderes sociales y un nivel de corrupción sin ningún tipo de pudor, fueron algunas de esas graves denuncias. Ni el clima de alta estigmatización de la protesta desde el primer paro, ni los patrones de violación del derecho a la protesta, acentuados durante el segundo paro, lograron apagar esas fuentes de indignación. El balance de las protestas incluye el haber frenado varias reformas del gobierno en materia tributaria, de salud y educación.
Entre uno y otro paro nacional sentimos la profunda crisis -algunos dirían civilizatoria- puesta de manifiesto por la pandemia global que inició en el 2020 y cuyas repercusiones en la juventud fueron en diversos ámbitos. La Encuesta de las Naciones Unidas sobre juventudes de América Latina y el Caribe dentro del contexto de la pandemia del COVID-19 (Grupo de Trabajo Juventud-PCRNUALC, 2020), indica que entre los principales desafíos considerados por la juventud regional están: la seguridad alimentaria, la violencia sexual y basada en género, el acceso a la salud y salud mental, la educación, el empleo, la situación financiera y los cuidados. De hecho, durante la pandemia y, sobre todo, durante las protestas del segundo paro nacional, las ollas comunitarias se convirtieron en un espacio para atender colectivamente algunas de esas preocupaciones.
Antes de los dos Paros Nacionales, e incluso antes, vivimos una serie de actos de exacerbación de violencia armada contra la población civil y líderes sociales a escala nacional. Estos no sólo fueron muestra del incumplimiento por parte del Gobierno de los Acuerdos de paz iniciados en 2016 sino que, además, evidenciaron su contracara: el fortalecimiento de poderes paraestatales asociados al control territorial y el narcotráfico transnacional. Específicamente durante el 2021, la gente joven fue foco de esas violencias bajo la modalidad de masacres: Buga, Saravena, Suroriente de Cali, Leiva, Santander de Quilichao… No es un asunto menor que en todos los casos la violencia haya estado dirigida a jóvenes, principalmente de sectores empobrecidos, que estaban procurando espacios vitales que desbordan las normas de apaciguamiento.
La convicción con la que la gente joven mantuvo las protestas durante los primeros tres meses del Paro Nacional del 2021 sugiere un potencial capaz de reconfigurar el escenario democrático del país. La cuestión es cómo será el paso de las consignas a los votos en las próximas elecciones. Lo cierto es que las habituales miradas de este sector poblacional se quedan cortas para comprender la novedad de la cultura política que se avecina. No estamos frente a una “juventud que promete futuro”; ya empezaron a escribir su propia historia. Tampoco puede reprochárseles apatía por la vida política del país; ese sector fue protagonista de los logros de las protestas. Ni siquiera la tentativa de tildar a la gente joven de manipulable -fácil presa de rebaño- podrá sostenerse por mucho tiempo; sus demandas no sólo recogían muchas de las actuales preocupaciones de la gente colombiana de a pie, sino que también fueron capaces de hacerlo entrando en sintonía con movilizaciones que en el 2019 se dieron tanto en América Latina y el Caribe como en otros lugares del planeta.
En un intento de resquebrajar la convicción de la protesta, durante y después de las movilizaciones se dieron cruentos patrones de violencia sistemática sobre jóvenes, tal y como lo evidenció el Informe de la CIDH de este mismo año. Además, fueron desplegados dos mecanismos propios de la cultura política convencional.
Uno es adjudicar la fuerza de las movilizaciones a la inmadurez del ciclo vital. Este mecanismo niega las luchas de la juventud como parte de la historia del país. En una retrospectiva de tales luchas, Sara Cano (2021) incluye en los últimos doce años: la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior que durante dos meses de 2018 logró un paro estudiantil para frenar la tendencia de las políticas de gobierno a la desfinanciación de la educación pública; el apoyo mayoritario de la gente joven a la ratificación de los Acuerdos de Paz en el Plebiscito de 2016; su confluencia en los distintos sectores que respaldaron el Paro campesino de 2013; la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil de 2011 que concertó el paro de actividades de numerosas universidades públicas del país como rechazo a la reforma de la Ley 30 que llevaba a la progresiva privatización de la educación superior; y, finalmente, la marcha Homenaje nacional a la víctimas del paramilitarismo y el terrorismo de Estado convocada en marzo de 2008. Si nos vamos más atrás, podemos añadir a este recuento el movimiento de la Séptima Papeleta, con la que se impulsó en las elecciones de 1990 la Asamblea Nacional Constituyente, que llevaría un año más tarde a reformar la Constitución vigente en el país desde 1886. Si consideramos la lucha estudiantil estudiada por Álvaro Acevedo (2015), también incluiríamos las primeras federaciones estudiantiles que se formaron a mediados de los 30s, así como aquellas que a finales de los años 60 y principios de los 70s cuestionaron el proyecto educativo que buscaba hacer de las universidades instituciones más eficientistas. No estamos pues frente a un capricho de juventud, sino a una cultura política de largo aliento.
Por otra parte, habría que contemplar que la actual vida política de la gente joven no es nada simplista. Como indica el Estudio Juventudes colombianas. Preocupaciones, intereses y creencias (2021), su participación política involucra la votación en elecciones nacionales (62%), así como otras actividades: votar en centros de estudio (46%), seguir información política (30%), hablar de política (28%), firmar peticiones (26%), participar en centros estudiantiles (24%), participar en protestas (19%), participar en un debate (16%), apoyar/difundir campañas (13%) o también, ponerse en contacto con alguien del mundo de la política (9%).
El otro mecanismo de la cultura política convencional dirigido a amilanar la convicción de las movilizaciones juveniles es la cooptación; y aquí incluimos tanto la de grupos insurgentes como la de partidos políticos. Una muestra de esta última es la “jugadilla” que a seis meses de la contienda electoral pretende el gobierno para modificar la Ley de garantías electorales supeditándola (inconstitucionalmente, dicho sea de paso) al proyecto de Ley que establece el Presupuesto General de la Nación para el 2022. Tal modificación cambiaría las reglas del juego electoral: permitiría a alcaldes y gobernadores celebrar contratos en los meses previos a las elecciones como un incentivo a la compra de votos. Justamente el mal que se buscó conjurar con la promulgación de la citada Ley de garantías electorales; de ahí su nombre.
También podría entenderse como intento de cooptación, o por lo menos de institucionalizar tanto descontento, la rapidísima instalación por parte del actual gobierno del Pacto Colombia con las Juventudes celebrado en mayo de este año. Algo similar podría decirse de la conformación de Consejos municipales y locales de juventud como un espacio de política formal donde participarían jóvenes (14-28 años) que entre julio y agosto de este año se hayan inscrito en las Elecciones juveniles que se celebrarán también a finales de este año. Sin duda, era una deuda con el país la puesta en marcha de varios mecanismos de participación juvenil contemplados desde hace 30 años, gracias a la Constitución del 91. En cualquier caso, la posibilidad de cooptación partidista no es tan clara. Si observamos los datos de las Elecciones juveniles que ofrece la Registraduría Nacional del Estado Civil tenemos que de las tres modalidades de inscripción para ser representante de los consejos: 19 mil corresponde a partidos y movimientos políticos, 15 mil a independientes y 7 mil a personas respaldadas por procesos y prácticas organizativas (Entrevista El Tiempo, 5 de septiembre de 2021). Al parecer la vida política de la gente joven del país supera la vida partidista.
En las próximas elecciones nacionales del 2022, las movilizaciones juveniles del país tienen el potencial para darle un nuevo aire a la cultura política colombiana: uno que no se agota en los partidos y, sin embargo, toma muy en serio el mecanismo democrático de las elecciones. El rumbo de ese potencial dependerá del arduo desafío de sostener una lucha capaz de hacer historia, esto es entre otras, de examinar sus propios avances y tropiezos. También dependerá del lugar que el Estado le otorgue a la vida en la política ejercida por la ciudadanía de a pie.
Referencias
Acevedo, Álvaro (2015) Educación, reformas y movimientos universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador en el siglo XX. Revista de Estudios Sociales, N°53, UniAndes. Pp. 102-111
Amat, Yamid (2021) Es la oportunidad de oro para que los Jóvenes hagan oír sus demandas. El Tiempo. 5 de septiembre.
Cano, Sara (2021) Habitar lo (im)posible: Sobre la revuelta del 21N y la emergencia de futuros encarnados. Trabajo de grado para optar por el título de Antropóloga. FCS-PUJ.
CIDH (2021) Informe Observaciones y recomendaciones Visita de trabajo a Colombia, junio 2021.
Juventudes colombianas. Preocupaciones, intereses y creencias (2021) Observatorio de la Juventud en Iberoamérica-Fundación SM y Observatorio Javeriano de la Juventud–Pontificia Universidad Javeriana.
Grupo de Trabajo de Juventud (2020) Encuesta de las Naciones Unidas sobre juventudes de América Latina y el Caribe dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. Plataforma de Colaboración Regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.
Tercera medición de la Gran Encuesta Nacional de Juventud (2021) U. Rosario, Cifras y conceptos y El Tiempo.
