Empresas BIC

Ya existen en el país 49 sociedades que han agregado a su objeto social las actividades específicas de beneficio e interés colectivo.

Está de moda cuestionar toda forma de liderazgo con absoluta ligereza, rechazando a quienes resaltan por sus méritos. Es una búsqueda de chivos expiatorios para explicar las dificultades de los países, en donde es común etiquetar a los empresarios como responsables de todo lo malo.

Nada más injusto porque son ellos quienes cada vez más se preocupan por la sociedad y buscan mejorar sus entornos, evolucionando del simple altruismo a un concepto mucho más avanzado de responsabilidad, que desarrolla Michael Porter como valor compartido.

Muestra reciente de ello es la entrega del premio de Asocajas, en homenaje a Fabio Echeverri Correa, que busca resaltar a líderes empresariales que aportan a la construcción de una Colombia más competitiva, equitativa e inclusiva. Fue otorgado con todo mérito a César Caicedo, presidente de Colombina.

Esta exaltación está en la corriente de un nuevo paradigma de la gestión empresarial en el cual las firmas, además de las utilidades, buscan aportar al bienestar social redefiniendo el sentido del éxito en el negocio. Se trata de las Empresas B (Benefit Corporation), concepto nacido en Estados Unidos y que se ha venido extendiendo en el mundo.

Colombia es el tercer país, después de EE.UU. e Italia, en adoptarlo en su normatividad con la reciente expedición del Decreto que reglamenta las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo – BIC. Es fruto de la Ley 1901 de 2018, de la cual fue autor el presidente Iván Duque cuando fue senador, y que con gran visión ha liderado para que todas las empresas del país, no importa su tamaño, ayuden a forjar bienestar social e, incluso, paz en los territorios. Complementa las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo que reivindica al sector empresarial como motor de desarrollo de nuestra sociedad, con acciones de fondo y visión de largo plazo en temas fundamentales para el crecimiento sostenible del país, como la legalidad, el emprendimiento y el empresarismo como fuente de equidad.

Ya existen en el país 49 sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, entre nuevas empresas o antiguas, que han agregado a su objeto social las actividades específicas de beneficio e interés colectivo que pretende desarrollar. Sus activos suman más de 50 mil millones de pesos y reportan 320 empleos.

Se han comprometido a desarrollar beneficios laborales, como participación accionaria en la sociedad y mejoramiento del plan de carrera de los empleados; temas sociales como trabajo con víctimas del conflicto armado o participación de minorías como proveedores; y temas ambientales como regeneración de ecosistemas nativos o fortalecimiento de comunidades raizales.

Un admirable ejemplo que ojalá sigan buena parte de las 456.459 sociedades que están matriculadas en el país, las cuales generan 6,5 millones de empleos. Sin duda, que cada vez más empresas sumen a los objetivos del negocio el crecimiento de su capital humano, la protección del medioambiente y el mejoramiento de su entorno será una apuesta contundente para atender el desafío de fortalecer una agenda colectiva de país, que genere respuestas a las inconformidades sociales y permita avanzar de manera pacífica hacia un mayor bienestar de la población.

Columna de opinión de Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, publicada en Portafolio

Imagen tomada de El Heraldo